Asesoramiento Legal – Abogados
Compliance ha sido el término empleado para referirse al cumplimiento normativo en una organización. Al emplear esta terminología, estamos ante el conjunto de políticas, procedimientos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación.
Desde otra perspectiva, específicamente en el ámbito público, el compliance puede definirse como el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas, establecidas por una entidad para prevenir la realización por sus directivos, empleados y terceros con los que mantiene relaciones comerciales o de otro tipo, de actuaciones contrarias a la legalidad, a su normativa interna y a los códigos éticos de los que se ha dotado a sí misma, por lo que, desde este punto de vista, implicaría identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo y jurídico para obtener una optimización de la gestión pública, el control de la economía, finanzas y el mejoramiento de la calidad de los servicios.
El objeto del compliance es el cumplimiento de la legalidad y la normativa es una tarea fundamental para el correcto funcionamiento de una organización, ya sea que se encuentre en el sector público o en el sector privado. Visto de ese modo, se infiere que el objeto principal del compliance en el sector público es prevenir y minimizar los riesgos de irregularidades y de actos de corrupción que pueden derivar de infracciones o incumplimientos normativos.
Con relación a la implementación de programas de compliance para el sector público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece de manera expresa sobre la base de la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, la necesidad que tienen los órganos de contratación, de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores, lo que encuadra perfectamente en el perfil de un programa de compliance para el sector público.
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