¿Qué es la Ley de transparencia?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, también conocida como Ley de transparencia, es la ley que regula la obligación de las entidades públicas de publicar y difundir la información pública (transparencia activa), así como la obligación de garantizar el derecho de acceso a los contenidos o documentos que obran en poder de las Administraciones Públicas (transparencia pasiva).

 

¿Por qué se llama Ley de Transparencia?

Se llama Ley de Transparencia porque la Administración quiere dar la información de una forma clara a los ciudadanos sin ocultar nada.

 

¿Cuál es el objeto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno?

La Ley de transparencia tiene por objeto:

1. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
2. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
3. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deban cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Entendiéndose por responsables públicos a aquella persona que trabaja en la Administración y tiene un cargo de responsabilidad.

 

¿Qué derechos reconoce la Ley de Transparencia?

La Ley de transparencia reconoce el derecho de la ciudadanía a solicitar y acceder a cualquier información que obre en poder de las instituciones y organizaciones públicas como consecuencia del desarrollo de sus funciones. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

 

¿Cuál es el alcance de la Ley de transparencia?

La Ley de transparencia tiene un triple alcance, ya que:

1. Incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas.
2. Reconoce y garantiza el acceso a la información.
3. Establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

Fuente: Admistrativando.